La “visa dorada” o también conocida como la “visa B-5” es un término que se utiliza para referirse a programas de residencia o ciudadanía por inversión ofrecidos por algunos países. Estos programas permiten a los extranjeros tener la residencia o ciudadanía a cambio de una inversión significativa. Un tema muy controversial.
¿Cuando surge?
El concepto de la visa dorada se originó en la década de 1980 en el Caribe, donde varios países comenzaron a ofrecer programas de ciudadanía por inversión para atraer inversionistas extranjeros. Estos programas se hicieron populares y se extendieron a otros países alrededor del mundo.
Requisitos para tener la visa dorada
Los requisitos y beneficios de los programas de visa dorada pueden variar según el país que los ofrezca. En general se requiere una inversión considerable en propiedades inmobiliarias, negocios, bonos gubernamentales o donaciones a fondos específicos.
A cambio, los inversionistas y su familia obtienen el derecho a vivir en el país por algunos años u obtener la ciudadanía, lo que puede incluir beneficios como acceso a servicios públicos, exención de impuestos o facilidades para viajar y trabajar en otros países.
Por ejemplo, específicamente para Estados Unidos Joe Biden firmó una ley que la autoriza hasta el 30 de septiembre del 2027. Para obtener la visa dorada debes realizar inversiones en una empresa comercial, crear y conservar diez empleos permanentes para trabajadores estadounidenses cualificados para beneficio del país y podrá ser solicitada únicamente si los hijos son solteros menores de 21 años. Los trámites se realizan en la Embajada de Estados Unidos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
En la Unión Europea es un tema muy complicado pues algunos países lo aceptan y otros lo han quitado; por ejemplo, Irlanda, Portugal y Reino Unido ya no lo permiten, sin embargo, aún existe en España, Italia y Grecia.
Los programas de visa dorada suelen ser controvertidos y generan debates sobre la ética y la equidad en el acceso a la ciudadanía o residencia. Algunos críticos argumentan que estos programas pueden debilitar la integridad de los sistemas de inmigración y favorecer a aquellos con recursos financieros, mientras que otros defienden que pueden ser una fuente de inversión importante y desarrollo económico para los países receptores.
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